[1] “El mercado no tiene muy clara la dirección. Es un verdadero combate de osos contra toros en este momento”, comentó a Dow Jones Newswires Phua Ming Weii, analista de Phillip Securities en Singapur. En la jerga bursátil, los osos simbolizan las fuerzas que empujan a la baja y el toro al alza.

[2] Al anticipar parte de la postura que llevará a la reunión del Grupo de los 20 (G-20) el próximo sábado en Washington, el presidente Felipe Calderón dijo que en representación de América Latina “elevaremos la voz para que haya una presencia mucho más equilibrada de países en desarrollo y países desarrollados en la toma de decisiones a nivel mundial”. “Necesitamos nuevas reglas sobre el sistema financiero mundial, reglas claras que, sobre todo, eviten el uso excesivo o el uso irresponsable de los mecanismos e instrumentos financieros existentes, una nueva ingeniería respecto de los organismos internacionales”, expuso ayer en Los Pinos.El mandatario habló de la necesidad de impulsar “una filosofía política y económica” sustentada en la reflexión de que el mercado es condición necesaria para elevar la competitividad del mundo, pero resulta insuficiente.Al concluir el mensaje ofrecido con su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe, se le preguntó a Calderón si habían revisado la posición que México llevará como uno de los tres países latinoamericanos que participarán en la Cumbre, además de Brasil y Argentina.Respaldado por el colombiano para que sea el interlocutor de la región en el G-20, Calderón adelantó que dicha postura se sustentará en el planteamiento de que se requiere “la acción rectora y rectificadora del Estado para corregir desigualdades”, particularmente “las enormes ineficiencias e insuficiencias que la anarquía en el comportamiento de varios agentes financieros ha propiciado”.Señaló que una de esas ineficiencias quedó de manifiesto en “el caos económico que se ha vivido a nivel internacional”.Previamente, al participar en la Reunión Anual del Centro Mexicano para la Filantropía, sentenció: “La mano invisible ha fallado. Eso no implica que deba destruirse el mercado, sino por el contrario: debe fortalecerse la libertad y los derechos económicos de las personas y las empresas, pero se requiere de una mano firme, una mano que regule, precisamente, y ordene de manera institucional a la sociedad con reglas claras.”

[3] Hasta el mismo BID apunta en este sentido lo siguiente:

  Los objetivos de la banca privada no coinciden con los del país y se presentan comportamientos que pueden ser contraproducentes para el desarrollo, porque para la banca privada, primero son sus accionistas y la cantidad de dinero que va a ganar en el corto plazo, lo cual no es sinónimo de desarrollo económico. (BID. PRF-1003)

Debido a la naturaleza de los bancos en el país, su política oligopólica dirigida exclusivamente al lucro y al desarrollo económico, han surgido algunas instituciones que ejercen ciertas de las funciones de la Banca de Desarrollo, aunque su actuación es muy limitada; sobre todo son ONGs, cuyos recursos financieros provienen de la cooperación internacional y que tienen un fondo restringido dedicado sobre todo para préstamos casi podríamos decir, individuales, para compra de insumos –hilos, comales a gas, por ejemplo- a personas de muy escasos recursos y en radios de acción localizados regularmente en una comunidad rural específica. 

Ninguno de los bancos existentes en el país, tiene dentro de su cartera de créditos, o de su portafolio de productos, como dicen, una sección y un fondo financiero que tenga las características de banca de desarrollo; por ejemplo, no tienen lo que se denomina “capital de riesgo” cuya función es invertir en proyectos cuya factibilidad sea razonablemente cierta, pero que en el transcurso de su desarrollo pueden incurrir en pérdidas, de manera que tanto en caso de éxito, como de fracaso, la responsabilidad es compartida por las partes: banca de desarrollo-emprendedor.

En Guatemala, han existido algunas experiencias en el pasado de este tipo de banca, como lo fue en la década de los 50 del siglo pasado el Banco Nacional Agrario y el mismo Crédito Hipotecario Nacional.  Pero todo ese esfuerzo, como sabemos se fue esfumando en la tolvanera privatizadora de los siguientes años, hasta llegar al actual estado de cosas, donde la banca no tiene ningún sentido social, ninguna estrategia que coadyuve al desarrollo del país; se maneja,  como moro sin señor, en su afán de lucro.

El Estado no solo tiene la obligación, sino sobre todo la necesidad, de buscar el desarrollo del país; para lograr ese desarrollo se necesitan recursos económicos y financieros que ubicados en sectores considerados estratégicos abran el camino. Es acá donde una banca de desarrollo es fundamental para lograr ese objetivo.

En este sentido, la Banca de Desarrollo debe ser una institución, descentraliza, con autonomía absoluta tanto funcional, de gobierno y administrativa y con funciones y metas claramente delineadas. Todo esto debe quedar claramente regulado en su ley orgánica y su respectivo reglamento.  

Como cualquier banco, necesita capital para operar, siendo este punto resuelto de diversas formas: en la mayoría de los casos es el propio Estado quien por medio de partidas específicas aporta el capital semilla inicial. Luego vienen aportes de donaciones, préstamos e inversiones con intereses bajos y con años de gracia para su retorno de organismos internacionales; también se utiliza aportes del sector privado, como en el caso costarricense donde la banca privada tiene la obligación por ley de aportar un 17% de sus depósitos, para préstamos a la pequeña y mediana empresa.

En Guatemala, sin duda, la banca privada no aportaría a un negocio como la banca de desarrollo, donde las ganancias no son el objetivo de su accionar, sino más bien, la apuesta por el desarrollo y en ese sentido, el riesgo compartido. Por ello, la responsabilidad de su implementación caería, aparte de lo dicho en el párrafo anterior, en los recursos provenientes del Estado.

En este sentido, hay una fuente que sin necesidad de crear impuestos, o restringir partidas del presupuesto estatal, le puede dar un sustento permanente al Banco de Desarrollo y por otra parte un control efectivo del presupuesto estatal. Esta fuente son las partidas no ejecutadas del presupuesto asignado a los ministerios, secretarias y otros entes del estado que en el transcurso del año subejecutan su presupuesto; o sea no lo invierten, sino que lo depositan en cuentas de fideicomiso en los bancos privados, los cuales pagan intereses bajísimos, mientras ellos pueden prestarlo a intereses leoninos de mercado. Este recurso espurio, ha dado lugar a denuncias porque se presta a negocios oscuros donde los jerarcas de las instituciones están coludidos con los banqueros para hacer los depósitos.

 Se calcula que, anualmente, cerca de un 25% del presupuesto global del Estado es subejecutado: son alrededor de Q 8.000 millones. Al final del año fiscal, una tercera parte de estos fondos no se ejecutan definitivamente y la otra parte es ejecutada en los últimos dos meses. De esta manera es previsible el movimiento de capital por parte del banco con lo cual está en posibilidades de planificar su inversiones.

Como esta subejecución sucede año con año, el capital proveniente de esta fuente, se convierte para el banco en un capital permanente y siendo que es un capital de inversión en el momento de la recuperación se suma al que anualmente ingresa a las arcas. Es un capital rotativo que a la vuelta de pocos años le dará al banco autonomía financiera.

Y la cuestión es sencilla, solo se necesita una orden presidencial para que todo capital presupuestado, no ejecutado, se deposite en el Banco de Desarrollo y no en los bancos privados.

Otra fuente de financiamiento, pueden ser los depósitos del IGSS, las ganancias del Banco de Guatemala, los decomisos al narco y el lavado de dólares, etc.

La creación y puesta en funcionamiento de una Banca de Desarrollo en el país, no solo es necesaria, sino que es de justicia para que los dineros de los contribuyentes dejen de engordar las la gordas bolsas de los banqueros privados, y vuelvan a impulsar el desarrollo del país.  (Guillermo Paz Carcomo, 2008)

[4] Nacionales

Frente a la crisis económica en Guatemala
BM: No es el momento de políticas restrictivas

[5] El modelo económico guatemalteco, adoptado desde la década de los años 1980, apostaba por un mayor crecimiento y derrame de riqueza al desregular mercados, reducir el tamaño del Estado y su participación en la economía, así como promover apertura comercial y competencia internacional, lo cual no sucedió.A criterio de Alberto Fuentes, uno de los consultores del PNUD que trabajó en el informe, el fracaso no fue total, ya que hubo crecimiento económico, aunque muy bajo; sin embargo, también aumentó la desigualdad.“No se dieron los resultados esperados y en general el modelo es muy desigual”, añadió.Fuentes aseguró que algunas de esas desigualdades se evidencian en el ingreso, ya que es únicamente un grupo de la población el que puede acceder a ingresos, ahorro e inversión, mientras el resto vive en pobreza.En Guatemala, 6.5 millones de personas, el 50.9 por ciento de la población en el 2006, vive en pobreza y de ellos 1.9 millones lo hacen en pobreza extrema.“Un pequeño grupo de empresas (menos del 10 por ciento) percibe como ganancia neta, el equivalente a dos quintos del PIB, mientras que el 90 por ciento de pequeñas empresas familiares (que emplean a más de la mitad de la población), tienen únicamente un quinto del PIB”, señaló el informe.

Ámbito laboral

El documento también afirmó que hay estratos sociales que trabajan más, entre estos los indígenas y mujeres, que subieron de 25 por ciento en 1989, a 42 por ciento en el 2006, y sus ingresos laborales no se han incrementado.La Población Económicamente Activa (PEA) se incrementó del 53 por ciento en 1989 a 58.8 por ciento en el 2006.Los ingresos laborales constituyen tres cuartas partes de los fondos que obtienen los hogares guatemaltecos.Al analizar los ingresos de la población entre 15 y 24 años se observa que el promedio de ingresos en el 2006 fue de Q1 mil 469.44, menor al salario mínimo rural para ese año (Q1 mil 587.40), informó el IDH.“La poca capacidad del mercado para generar empleos ha reforzado la informalización, la búsqueda de ingresos no laborales o fuentes secundarias”, explicó el estudio, que establece que más del 20 por ciento de los ingresos de una familia es de origen no laboral.

Los hogares no indígenas, con cabeza de familia femenina y del estrato socieconómico alto, son los que perciben mayor proporción de ingresos, según el informe .“No todos tienen igual acceso al mercado laboral, hay grandes desigualdades, sin seguridad social o por contrato, con ingresos muy bajos, igual no invierten en educación y salud, están reservados para unos pocos”, indicó Fuentes.